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La Justicia declaró la quiebra de Sancor: la triste caída de un emblema del agro argentino
La cadena láctea, la agroindustria en general y la sociedad argentina en su conjunto lamentan por estas horas una noticia que duele por su impacto no solo económico, sino por su relevancia en la memoria histórica nacional: la Justicia de Santa Fe declaró formalmente este miércoles la quiebra de Sancor Cooperativas Unidas Limitada.
Se trata de un pedido que había hecho el propio Consejo de Administración de Sancor, al no poder encontrar una forma de conseguir los recursos para afrontar su abultada deuda, en el marco del concurso preventivo de acreedores que se había iniciado el año pasado.
La sentencia, firmada este 22 de abril de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, determina un triste desenlace de la cooperativa que tenía casi 90 años (fue fundada en 1938) y que llegó a ser la principal industria procesadora de lácteos del país, un verdadero orgullo de la agroindustria nacional.
No obstante, en las últimas dos décadas fue víctima de constantes malas decisiones financieras y desmanejos que incluyeron intervención política: lo más resonante ocurrió en 2006, cuando Sancor ya mostraba problemas y Adecoagro -la gigante argentina que recientemente adquirió las acciones de Profertil, entre otros negocios- hizo una oferta para adquirirla, pero terminó en un “salvataje” propuesto por el kirchnerismo a través de la venta de leche en polvo a Venezuela.
Pero el Gobierno de Hugo Chávez nunca pagó y desde entonces Sancor entró en un derrotero en el que ni siquiera la venta de muchas de sus mejores plantas logró evitar este lamentable desenlace.
POR QUÉ QUIEBRA SANCOR
En este contexto, la decisión judicial conocida en las últimas horas se fundamenta principalmente en la propia confesión del Consejo de Administración de SanCor, que el pasado 10 de abril manifestó formalmente al juzgado su imposibilidad de formular una propuesta de acuerdo concursal con sus acreedores, debido a la magnitud de su pasivo.
Los problemas financieros y de insolvencia estructural planteados en el fallo son varios:
Una deuda asfixiante: el pasivo verificado incluye miles de millones de pesos y más de 86 millones de dólares adeudados a fondos internacionales y organismos fiscales como ARCA (ex-AFIP).
Déficit operativo imparable: la deuda postconcursal crecía a un ritmo de aproximadamente 3.000 millones de pesos mensuales.
Parálisis industrial: las seis plantas de la cooperativa funcionan muy por debajo de su capacidad. La planta de Sunchales, la de mayor capacidad, opera con menos del 10% de su potencial, procesando apenas entre 30.000 y 40.000 litros diarios.
Incumplimientos sociales: la cooperativa acumula más de cinco meses de atraso en el pago de salarios a sus 914 trabajadores activos y deudas millonarias con obras sociales y sindicatos.
Bajo este panorama, una pregunta es por qué no se habilitó al menos una posibilidad de “salvataje” o “cramdown”, como sucedió con el concurso de Vicentin: la respuesta es que la forma jurídica de cooperativa es incompatible con la transferencia de cuotas sociales a terceros y que, dada la magnitud de la deuda, no existía un “material salvable” que justificara prolongar el trámite.
¿QUÉ PASARÁ AHORA CON LOS ACTIVOS Y LA MARCA SANCOR?
En este contexto, a pesar de formalizar la quiebra, el magistrado dispuso la continuación transitoria de la explotación de aquellas plantas que aún mantienen actividad productiva, principalmente mediante contratos de “fazón” (procesamiento para terceros).
El objetivo de esta medida es doble: proteger los puestos de trabajo y evitar que las máquinas e instalaciones se deterioren, lo que permitiría obtener un mejor precio al momento de la venta.
El objetivo es que los activos queden en las mejores condiciones posibles para, una vez que se vendan, utilizar el producido para cubrir al menos parte de la deuda con los acreedores que, según lo dispuso la Justicia, tienen plazo hasta el 29 de mayo para presentarse a verificar sus deudas ante la sindicatura.
En concreto, respecto a los activos, lo que dispuso el juez es lo siguiente:
Enajenación de la empresa en marcha: se iniciará un proceso de licitación para vender las plantas industriales, ya sea en conjunto o por separado. El pliego de condiciones establecerá un precio base en dólares estadounidenses.
Incautación inmediata: los síndicos han sido ordenados a tomar posesión de todos los bienes, libros contables y dispositivos electrónicos de la cooperativa.
Venta de activos no productivos: se programará la venta directa de inmuebles que no forman parte de la cadena láctea, incluyendo cinco pisos de oficinas y 12 cocheras en la Ciudad de Buenos Aires, terrenos y viviendas en diversas provincias, para generar liquidez inmediata.
Protección de la marca “SanCor”: Ee fallo resalta que la marca es un activo de alto valor independiente de las plantas. Quedará bajo custodia judicial y no podrá ser cedida ni gravada hasta su venta definitiva.
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