La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) manifestó este martes su “profunda preocupación” por una situación que, asegura, está poniendo en peligro a 120.000 trabajadores rurales.
Puntualmente, el gremio señaló que en la presente jornada del 1° de septiembre venció el plazo de vigencia del régimen de compatibilidad entre el trabajo rural temporario y determinados planes y beneficios sociales, establecido por el decreto 514/2021.
Según expresó la UATRE en su comunicado, el 18 de agosto pasado, su secretario general, José Voytenco, remitió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitando de manera urgente la prórroga de dicha compatibilidad.
El problema es que “hasta el momento, el Gobierno nacional no ha respondido ni ha dispuesto su extensión”, lamentó la Unión sindical.
UATRE: “ESTE MECANISMO ES FUNDAMENTAL”
De acuerdo con las estimaciones de la UATRE, como se mencionó, “esta situación pone en riesgo inmediato a 120.000 puestos de trabajo rural en todo el país y, con ellos, a las familias de esas trabajadoras y trabajadores que dependen de la posibilidad de combinar el empleo formal estacional con la protección social”.
La entidad también subrayó que la experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental, porque permite que el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas, sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar.
“Su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales”, expresó la UATRE.
Bajo este panorama, consideró además que hay negligencia del Estado al no considerar el impacto de esta decisión sobre toda la cadena productiva: los trabajadores y sus familias, los empleadores del sector agropecuario y la producción general.
“Las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades”, se quejó el gremio.
Desde su punto de vista, la promoción del trabajo registrado y la protección social de los trabajadores rurales contribuyen al fortalecimiento de las economías regionales, al desarrollo de sus capacidades productivas y exportadoras, y a la sostenibilidad de las próximas campañas agrícolas.
“La falta de respuesta y la no prórroga del régimen no es solo un problema administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a la continuidad productiva del interior del país”, insistió Voytenco.
Por ello, el sindicato finalizó reiterando el pedido de una solución inmediata que garantice la continuidad de este instrumento de política laboral y productiva.
